La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) publicó recientemente un informe que refleja la situación de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo. Las conclusiones son poco alentadoras: durante 2019 47,7 millones de personas se vieron afectadas por el hambre en América Latina y el Caribe.
La cifra resulta más que preocupante, porque es el quinto año consecutivo en el cual aumenta este indicador. De continuar con esta tendencia, será imposible de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030, que persigue la erradicación del hambre por completo para ese momento.
Según el balance, el 7,4 por ciento de la población de Sudamérica en estos momentos se enfrenta al hambre y para 2030 el porcentaje subirá al 9,5 %. Cabe destacar que este informe no tiene en cuenta la crisis mundial por el coronavirus, por lo que la situación puede ser aún peor.
Ya es sabida la triste historia de desigualdad que afecta a nuestro continente, en donde se presenta -hoy más que nunca- esta paradoja: América Latina es una de las despensas de alimentos para el mundo, pero no puede alimentar a su población más vulnerable.
La pregunta ¿qué hacemos para evitar la inseguridad alimentaria? se responde automáticamente con un rotundo “dieta más saludable para todos”. Pero esto nos enfrenta a otra situación: el costo económico de una dieta saludable actual, supera el umbral internacional de la pobreza, lo cual la hace imposible de adquirir para la población pobre.
El problema del hambre no se trata de una cuestión de productividad, sino un grave problema de pobreza, desigualdad, crisis económicas, conflictos y más. Por lo tanto, su solución depende de un enorme compromiso de todos los sectores.
Los bancos de alimentos están trabajando desde hace tiempo en este sentido.